Marzo asoma: paritarias
docentes, inicio indeciso de clases y un nuevo Plan Nacional de Educación que
promete metas desafiantes para los próximos 5 años. El rol de las
organizaciones sociales en el actual entramado socioeducativo.
El 5 de febrero pasado, la presidente Cristina Fernández de Kirchner
presentó el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente para el
quinquenio 2012-2016, aprobado por unanimidad por el Consejo Federal de Educación
en diciembre último. El Plan plantea una ambiciosa puesta en marcha a nivel
nacional que tiene como objetivos generales reconocer y ampliar el derecho a la
educación, saldar las deudas históricas que atraviesa el campo de la docencia y
profundizar la inclusión educativa desde los 45 días hasta el último nivel
obligatorio, mejorando las condiciones de enseñanza y aprendizaje con el énfasis puesto en la formación docente. Se
hace además un llamamiento a fortalecer el vínculo nación-provincias en pos de
garantizar de manera responsable y comprometida, el desarrollo y monitoreo de
las acciones llevadas a cabo.
¿Qué lugar se les asigna a las organizaciones de la sociedad civil en el
nuevo Plan? Los espacios en los que se menciona la articulación de la escuela y
de las políticas educativas con las organizaciones sociales no son muchas. Sin
embargo, la formulación del Plan podría significar la apertura a un debate que
urge y que tiene que ver con el rol que hoy ocupan las organizaciones en nuestra
sociedad. Por un lado, se deben generar espacios de reflexión dentro de la
sociedad civil, en los que las organizaciones puedan reconocerse y asumirse como
necesarios y activos actores en la construcción de un modelo educativo y una
ciudadanía más participativa e inclusiva. Se trata se fortalecer las capacidades
de las organizaciones para poder participar de la gestación de políticas y
programas públicos junto a los organismos del Estado que respondan a las
inquietudes y necesidades de la comunidad.
Por su trayectoria y experiencia de trabajo cotidiano dentro de las
comunidades, sobre todo de las comunidades más pobres, las organizaciones de la
sociedad civil que trabajan con niñez, adolescencia y juventud dentro del ámbito
educativo, tienen para aportar una serie de iniciativas y potencialidades que
debería tenerse en cuenta a la hora de definir los presupuestos e implementar los
programas socioeducativos.
Como está contemplado en el artículo 112 de la Ley de Educación Nacional,
atañe al Ministerio de Educación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires coordinar acciones con instituciones sociales y comunitarias para el
desarrollo de actividades formativas que complementen la educación formal. Pero
es necesario que la educación no formal (la educación desde los ámbitos de las
organizaciones sociales) sea reconocida no sólo en la redacción de la ley sino
también a la hora de poner en marcha las estrategias educativas concretas.
La Red por el Derecho a la Educación, iniciativa del Ministerio de
Educación y que incluye a miles de organizaciones, es un importante avance en
este sentido que debe ser ampliado, fortalecido y multiplicado.
Por su parte, y en pleno lanzamiento del Plan Nacional, el inicio del ciclo
lectivo 2013 encuentra a la comunidad educativa en medio de un conflicto
presupuestario por el salario docente que alteró el normal comienzo de las
clases. Se trata de un conflicto agravado por desacuerdos con los gobiernos provinciales
en relación a la prioridad dada en términos de recursos a la educación.
Nuevamente un marzo sin acuerdo entre los gobiernos provinciales y los
gremios docentes demuestra que sin voluntad política del conjunto de los
actores con intervención el ámbito educativo, un ambicioso y alentador plan de
alcance nacional, que avanza en la extensión de derechos, no implica necesariamente
la modificación de las condiciones reales de la educación.
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