Se inicia el proyecto "Por el derecho al juego de los niños y niñas del Barrio Itatí" por el cual se equiparán 3 plazas del barrio con juegos nuevos.
Informe de la reunión de organizaciones:
Fecha: 13-01-10
Hora: 17 horas
Lugar: Asociación de Fomento "José Tedeschi" (ETIS-Quilmes). Barrio Itatí. Quilmes.
Presentes: ANAVI (Doña Elsa), ETIS (Maxi, Cecilia C., Beatriz, Myriam y Margarita), Asociación de Cartoneros (Coco, Omar), Capilla Itatí (Hna. Cecilia), La Casita (Mariana), Asociación José Tedeschi (Manga)
Temas tratados:
Coco ofrece a las organizaciones presentes el uso de la pileta de la Parroquia en la temporada de verano. Combinar con él día y hora.
Maxi (ETIS) presenta recibo del subsidio de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Quilmes x $40.000, acreditados en la cuenta institucional, realizado el 07/01/2010.
Se releen las fases 1 y 2 del proyecto. Se acuerda que se está en condiciones de avanzar con la Fase 2 del mismo.
Durante la reunión, se llama a la empresa proveedora de los juegos. Se acuerda una visita del personal de la empresa para el martes 19/01. Coco los recibirá y hará una recorrida con ellos. Cecilia (ETIS) tratará de acompañarlos. Hay que abonar el 50% como seña (se depositará esta semana) y con la instalación (se encarga la empresa misma), se abona el restante 50%. Se estima un tiempo de elaboración de 30/45 días (por las vacaciones).
Se acuerda que es importante trabajar con la comunidad la apropiación de los espacios y su cuidado. Para ello, se valoriza el poner "nombre" a las plazas que no la tienen. Se propone hacer una consulta a los vecinos cercanos a cada plaza para que participen en la votación del nombre. Las organizaciones van a pensar nombres y una breve reseña de personas que hayan sido pioneras en la comunidad en el trabajo con niños y adolescentes. Será una forma de recuperar la historia ddel barrio y a sus protagonistas. Se mencionan: Doña Dominga, Don Palacio, Don Tabel, entre otros. Se acuerda hacer carteles con el nombre de la plaza y una reseña de la persona. Los grupos de jóvenes de ETIS van a colaborar con la realización de los carteles, una vez definidos los nombres.
Se acuerda realizar una jornada de inauguración en conjunto con todas las organizaciones participantes: se propone que sea un recorrido por las tres plazas (búsqueda del tesoro?), con juegos, payasos, circo, etc. en cada "parada". Las actividades tendrán por centro a los chicos y el derecho a jugar y divertirse. Se propone que la fecha del evento sea el domingo 14/03 (los viernes no podrían estar los chicos que van a la escuela y el sábado no se considera conveniente por la actividad de fútbol barrial).
Se acuerda realizar durante los tres fines de semana anteriores al evento de inauguración (20 y 27/02 y 06/03) la plantación de árboles y mejora del lugar (como hizo el grupo G8 de ETIS con el proyecto "Plan/B") en las distintas plazas. Para ello las organizaciones convocarán a los vecinos cercanos al lugar para que colaboren y así ir difundiendo el proyecto. Grupos de jóvenes de ETIS colaborarán con la "plantada" de árboles (en el marco de los proyectos de servicio comunitario). Cecilia C. (ETIS) contactará a la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad que colaboró con la jornada del G8 en el 2009 y solicitará 60 árboles (20 para cada plaza) y colaboración para hacer los pozos, sobre todo en zonas pedregosas.
Se acuerda desde las organizaciones promover el compromiso de los vecinos en el cuidado de las plazas, las instalaciones y los árboles a plantar. Doña Elsa (ANAVI) propone que los árboles lleven el nombre de los chicos que los plantaron, como una forma de promover el cuidado por parte de ellos.
Cada plaza contará con el acompañamiento de las siguientes organizaciones: (para convocatoria a vecinos, acompañamiento de la organización del evento de inauguración, promoción del cuidado del lugar con los vecinos cercanos) : 1) Plaza "Abuela Eduarda": Asoc. de Cartoneros + ETIS; 2) Plaza "C. Candia": La Casita + Asoc. de Cartoneros + ETIS; 3) Plaza "Ferro" (a poner nombre): ANAVI + Asoc. de Fomento J.T. + ETIS + Capilla + Centro de chicos "Hna. María Luisa". Las organizaciones que no están hoy presentes serán invitadas a sumarse.
Cada organización verá entre sus contactos los aportes que podemos proponer para la jornada de inauguración.
Se valora como muy positiva esta posibilidad de demostrarnos, demostrar al barrio y a la comunidad en general que juntos (organizaciones y estado municipal), articulando esfuerzos, podemos hacer grandes cosas por el barrio.
Próxima reunión: 17/02/09, 17.30 hs, en Centro de Apoyo Escolar "Abuela Eduarda" (Asociacion de Cartoneros)
miércoles, 13 de enero de 2010
Frente al atraso del pago de las becas
Beccar, 26 de Noviembre 2009
Queridos chicos y familias:
Hubiéramos querido en esta época enviar un saludo por el año transcurrido y celebrar juntos los logros, alegrías y satisfacciones compartidas. Sabemos que muchos de ustedes han hecho mucho esfuerzo por mantenerse en sus estudios y en participar cada vez más activamente en la vida de la comunidad. Han logrado muchas cosas y al ver el trabajo en los 13 barrios en donde el Programa GCE se implementa, reconocemos que son muchos los aportes que han realizado en mejora de sus comunidades.
Pero esta vez, tantos logros se ven opacados por la insensibilidad y la falta de escucha de los funcionarios provinciales.
El Proyecto Adolescentes del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, que es el programa de donde provienen los recursos para el pago de becas y materiales de los chicos, adeuda la liquidación desde el mes de abril del 2009, lo que nos obliga –por primera vez en nuestra historia de 11 años de trabajo- a informar a las familias de la crítica situación en la que estamos y de las acciones que venimos realizando.
Hemos realizado numerosos llamados telefónicos, mantenido varias reuniones con altos funcionarios provinciales, enviado notas y cartas, organizado una reunión en la que participaron algunos adolescentes… nos hemos articulado con otras instituciones, firmando una solicitada que fue distribuida a medios de comunicación social. Una radio nacional tomó el tema y le dio difusión, comprometiendo al Ministro públicamente a resolver algunas de las situaciones planteadas. Pero hasta el día de hoy, este esfuerzo no ha logrado el resultado esperado.
Confiando en las promesas realizadas (que incluyó una visita del Ministro anterior a nuestra sede en el barrio) hemos podido sostener el pago de las becas anticipando fondos propios, lo que compromete nuestra propia capacidad de seguir funcionando como hasta el momento.
En el Ministerio de Desarrollo Social no han dado hasta el día de hoy una fecha de pago para los desembolsos pendientes. Por lo que no podremos realizar el pago de becas atrasadas hasta que la Provincia cumpla con los compromisos asumidos.
Hemos solicitado una reunión con el propio Ministro para obtener una respuesta. Estamos pensando, junto con otras instituciones, la alternativa de organizar una actividad pública para dar visibilidad a este reclamo. Los estaremos informando e invitado a participar, ya que vemos agotados los canales de reclamo.
Lamentamos esta situación, que nunca hubiéramos imaginado, luego de tantos años de trabajar junto al Estado Provincial en el acompañamiento de los adolescentes de los barrios.
Comisión Directiva
ETIS
En cumplimiento de la Resolución de la Reunión de Comisión Directiva Nº 113 del 23/11/09
Queridos chicos y familias:
Hubiéramos querido en esta época enviar un saludo por el año transcurrido y celebrar juntos los logros, alegrías y satisfacciones compartidas. Sabemos que muchos de ustedes han hecho mucho esfuerzo por mantenerse en sus estudios y en participar cada vez más activamente en la vida de la comunidad. Han logrado muchas cosas y al ver el trabajo en los 13 barrios en donde el Programa GCE se implementa, reconocemos que son muchos los aportes que han realizado en mejora de sus comunidades.
Pero esta vez, tantos logros se ven opacados por la insensibilidad y la falta de escucha de los funcionarios provinciales.
El Proyecto Adolescentes del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, que es el programa de donde provienen los recursos para el pago de becas y materiales de los chicos, adeuda la liquidación desde el mes de abril del 2009, lo que nos obliga –por primera vez en nuestra historia de 11 años de trabajo- a informar a las familias de la crítica situación en la que estamos y de las acciones que venimos realizando.
Hemos realizado numerosos llamados telefónicos, mantenido varias reuniones con altos funcionarios provinciales, enviado notas y cartas, organizado una reunión en la que participaron algunos adolescentes… nos hemos articulado con otras instituciones, firmando una solicitada que fue distribuida a medios de comunicación social. Una radio nacional tomó el tema y le dio difusión, comprometiendo al Ministro públicamente a resolver algunas de las situaciones planteadas. Pero hasta el día de hoy, este esfuerzo no ha logrado el resultado esperado.
Confiando en las promesas realizadas (que incluyó una visita del Ministro anterior a nuestra sede en el barrio) hemos podido sostener el pago de las becas anticipando fondos propios, lo que compromete nuestra propia capacidad de seguir funcionando como hasta el momento.
En el Ministerio de Desarrollo Social no han dado hasta el día de hoy una fecha de pago para los desembolsos pendientes. Por lo que no podremos realizar el pago de becas atrasadas hasta que la Provincia cumpla con los compromisos asumidos.
Hemos solicitado una reunión con el propio Ministro para obtener una respuesta. Estamos pensando, junto con otras instituciones, la alternativa de organizar una actividad pública para dar visibilidad a este reclamo. Los estaremos informando e invitado a participar, ya que vemos agotados los canales de reclamo.
Lamentamos esta situación, que nunca hubiéramos imaginado, luego de tantos años de trabajar junto al Estado Provincial en el acompañamiento de los adolescentes de los barrios.
Comisión Directiva
ETIS
En cumplimiento de la Resolución de la Reunión de Comisión Directiva Nº 113 del 23/11/09
miércoles, 30 de diciembre de 2009
Seguridad: Diez puntos de acuerdo por la seguridad democrática
1 El Estado frente al problema del delito
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.
2 El engaño de la mano dura
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.
3 Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere : una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada ; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.
4 Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.
5 Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son : la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito ; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal ; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito ; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad ; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos ; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.
6 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.
7 Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
8 El papel de la Justicia
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.
9 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.
10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.
2 El engaño de la mano dura
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.
3 Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere : una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada ; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.
4 Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.
5 Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son : la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito ; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal ; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito ; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad ; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos ; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.
6 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.
7 Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
8 El papel de la Justicia
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.
9 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.
10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.
martes, 29 de diciembre de 2009
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